Como organización de la sociedad civil que busca mejorar la calidad de la democracia, estamos convencidos de que mayor información y transparencia contribuirán a fortalecer y legitimar nuestras instituciones de representación democráticas. Por esto, el objetivo de investigación fue detectar el potencial vínculo entre intereses personales y atribuciones de la función pública de nuestros Diputados y Senadores. La intención de analizar y verificar la relación entre intereses personales y el interés general se funda en la necesidad de contar con herramientas para fiscalizar en qué grado esas relaciones comerciales o potenciales intereses económicos podrían o no estar influyendo en sus conductas legislativas. A continuación presentamos las distintas etapas de este estudio, que se realizó entre los años 2010 y 2011. El que será actualizado conforme emanen información los parlamentarios.
1-Definimos la participación en sociedades de nuestros parlamentarios
Por ley, nuestros parlamentarios deben realizar una declaración de patrimonio e intereses, la que queda a disposición de la ciudadanía. La información de estas declaraciones, descargadas desde las páginas web del Senado y la Cámara de Diputados hasta el 31 de mayo, fue vaciada en una matriz de datos, individualizando a cada una de las sociedades como una unidad de análisis.
En segundo lugar, con la información entregada por el boletín comercial de Equifax corroboramos la participación de los parlamentarios en las sociedades que se declaraban, así como también completamos nuestra base de datos con sociedades que no estaban en las declaraciones de los parlamentarios pero que Equifax señalaba tenían participación.
Realizamos la verificación de la información con dos fuentes de datos públicas: El Diario Oficial y el Servicio de Impuestos Internos. En la base de datos electrónica del Diario Oficial se hizo una exhaustiva búsqueda de información por sociedad, ya que en este medio, por disposición legal, se deben registrar todas las constituciones de personas jurídicas con y sin fines de lucro, publicando un extracto de la escritura notarial con que se le dio existencia legal. De esta forma se extrajeron del Diario Oficial las publicaciones sobre constituciones y modificaciones de cada una de las sociedades que hasta ese momento contemplaban nuestra base de datos. Las publicaciones fueron ordenadas según sociedad en orden cronológica y se procedió al análisis, pesquisando la real y actual participación de los parlamentarios en esas personalidades jurídicas. Con este trabajo de análisis de descartaron aquellas sociedades en las que los parlamentarios nunca participaron o bien ya habían cedido su participación.
Con la existencia legal de las sociedades corroborada a través del Diario Oficial, procedimos a verificar la existencia tributaria de las sociedades. Para esto consultamos en la ‘Consulta Situación Tributaria de Terceros´ disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos. Gracias a esta consulta pudimos aplicar un segundo filtro, descartando todas aquellas sociedades con término de giro o cuyos RUTs no tenían correspondencia con sociedades en el Servicio de Impuestos Internos.
2- Categorizamos sus sociedades
Adaptando las categorías de actividad económica que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, construimos una batería de categorías para clasificar a las sociedades de acuerdo a su giro. Así, en esta segunda etapa de trabajo se categorizaron las sociedades de acuerdo al área económica en la que se desenvuelve, denominando a éstas clasificaciones como área de interés, pues representan el sector o área en el cual las sociedades pesquisadas tienen intereses económicos.
Es importante destacar que el máximo de áreas de interés que podía tener una sociedad fueron 5, y que en muchos casos las sociedades tiene una definición tan amplia que probablemente no están representando, en nuestra categorización, todas las áreas en las que pueda tener intereses.
3- Categorizamos sus votaciones
El trabajo diario de monitoreo a los proyectos de ley que realiza nuestro equipo de www.votainteligente.cl nos permitió construir una base de datos con las votaciones de cada parlamentario. Estas votaciones también fueron categorizadas según las áreas de interés utilizadas en la fase anterior, por lo que así pudimos cruzar las sociedades de los parlamentarios con sus votaciones, poniendo a disposición de la ciudadanía posibles conflictos de interés.
4-Cotejamos la información de las sociedades con los Parlamentarios
Conscientes de la posibilidad de error en las fuentes de datos públicas consultadas, enviamos a cada uno de los parlamentarios la información que recabamos acerca de sus sociedades. A cada uno de ellos se les enviaron tres cartas: una carta a su oficina en el Congreso Nacional en Valparaíso, a las oficinas del Congreso Nacional en Santiago y, por último, un mail a su cuenta de correo publicada en las páginas oficiales de la Cámara y el Senado. En las cartas se individualizaban las sociedades pesquisadas, se señalaba su situación tributaria y si estaba declarada en la Declaración de Patrimonio e Interés. A cada parlamentario se le dio un plazo de una semana para responder con algún antecedente o documento en caso que la información obtenida por nuestra investigación estuviera equivocada.
De esta forma, el estudio contempló una triangulación de datos desde el Diario Oficial, el Servicio de Impuestos Internos y los propios parlamentarios, para evitar así cualquier tipo de error en la información.
5-Construimos una plataforma web para que puedas explorar estos datos
Principales dificultades del estudio
Realizar este estudio presentó una serie de dificultades, tanto por la disponibilidad de información como por la naturaleza de la unidad de análisis: la participación societaria.
En nuestro país, el Congreso no está supeditado a la fiscalización del Consejo para la Transparencia, por lo que el derecho a la información está sujeto a la información que sus miembros acordaron definir públicamente en las modificaciones que realizaron a la Ley Orgánica Constitucional y a los respectivos reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados. En ninguna de estas disposiciones normativas se establecen sanciones –ni un organismo fiscalizador- en el caso de cometer errores u omisiones en la información declarada por los parlamentarios, por lo que nuestra primera fuente de investigación, las Declaraciones de Patrimonio e Intereses, ya podían contemplar la posibilidad de errores u omisiones en su contenido.
Una segunda dificultad es que no todo tipo de sociedad puede ser investigado de acuerdo a la metodología de este estudio. Nuestro sistema económico, por ejemplo, protege la confidencialidad de los datos del patrimonio accionario, reserva que impera tanto en las Bolsas de Comercio del país como en las entidades financieras que manejan fondos de inversiones bursátiles. En esta primera etapa del Inspector de Intereses, entonces, sólo se contempla el patrimonio accionario que cada parlamentario declaró, el que será pesquisado en la próxima etapa de investigación.
La tercera dificultad también será superada en la segunda etapa de investigación. La ley establece que los Parlamentarios no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Por limitaciones de recursos, nuestra investigación sólo se limitó a los intereses de los parlamentarios, no abarcando en el estudio a los familiares que la ley establece también con potencialidad de conflictos de interés, a quienes pensamos abarcar en la segunda etapa de investigación.